Leyes de Arrendamiento Comercial en Extremadura: FIANZAS

Este documento describe los requisitos legales para las fianzas comerciales en Extremadura, España, regidos principalmente por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) española, que entró en vigor el 1 de enero de 1995.

Requisitos Legales de la Fianza

En Extremadura, los arrendamientos comerciales (arrendamientos para uso distinto del de vivienda) están sujetos a regulaciones específicas en cuanto a las fianzas:

1. Fianza Mínima Obligatoria: Según el Artículo 36.1 de la LAU, es obligatorio cobrar una fianza en efectivo equivalente a dos meses de renta para propiedades comerciales.
2. Requisito de Depósito: Contrariamente a la creencia común, la fianza legal en efectivo de 2 meses debe depositarse en la autoridad regional de vivienda competente en Extremadura (Caja General de Depósitos de la Comunidad Autónoma de Extremadura), según lo dispuesto por la Ley 11/2019, de 11 de abril, de impulso y acceso a la vivienda en Extremadura.
3. Garantías Adicionales: Arrendadores e inquilinos pueden negociar libremente garantías adicionales (garantías adicionales) para asegurar el cumplimiento de las obligaciones del contrato de arrendamiento. Estas pueden ser en forma de avales bancarios, garantías personales o depósitos adicionales en efectivo, y son retenidas directamente por el arrendador.

Ejecución y Devolución

Según la LAU y las leyes regionales complementarias:

• Plazo de Devolución: Tras la finalización del contrato de arrendamiento y la desocupación del inmueble, el arrendador dispone de un mes para devolver el saldo de la fianza. Si no se devuelve en este plazo, el saldo devengará el tipo de interés legal (LAU Art. 36.4).
• Deducciones: Se pueden realizar deducciones por rentas impagadas, suministros no abonados o daños a la propiedad más allá del desgaste normal. Todas las deducciones deben estar explícitamente documentadas y justificadas.
• Jurisdicción: Las disputas relativas a las fianzas comerciales se resuelven en los juzgados de primera instancia del distrito judicial donde se encuentre la propiedad en Extremadura, de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Civil española.