Penas Comerciales en México: Cargos por Mora y Acuerdos

Según el Código Civil Federal (vigente desde el 1 de octubre de 1932), los acuerdos comerciales y civiles relativos a la sanción por incumplimiento se rigen por el principio de las penas convencionales. Aunque las empresas mercantiles operan en ligas financieras sólidas (Business to Business), las leyes protegen incluso a las instituciones corporativas en los tribunales bajo el manto de los precedentes generales. El propietario inmobiliario de una zona comercial o corporativa tiene derecho a buscar una sanción penal si las cuotas adeudadas provienen de rentas muy altas, sin cruzar el límite de los cargos ilegalmente proscritos y usurarios (prohibidos por el Art. 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) que el poder de los jueces podría reducir y mutilar bajo amparos. Según el Art. 1843 del Código Civil Federal, que es supletorio al Código de Comercio, la pena convencional (cláusula penal) no puede exceder el valor o monto de la obligación principal.

1. La usura también existe a nivel corporativo

Históricamente, de forma errónea o falsa, existió un mito legal comercial y civil generalmente propagado en la cultura popular al pensar en leyes comerciales o rentas privadas. Pensaban: "Puedes multar a una entidad mercantil S.A. de C.V. con intereses de porcentajes infinitos por mes sin tope porque una empresa posee flujos de efectivo infinitos y el Código Civil permite acuerdos sin cuartel".

La Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2014 (Jurisprudencia 1a./J. 46/2014) y tesis subsecuentes invalidaron cualquier principio similar para cualquier persona física o moral. Es unánime, todo el espectro nacional rechaza y considera inconstitucional una deuda donde "las tasas de penas o multas resultan abiertamente explotadoras, excesivas o abusivas, afectando a la sociedad operativa productiva sin una limitación justa y equitativa". Según el Art. 1843 del Código Civil Federal, la pena no puede exceder el valor de la obligación principal. Un tribunal civil reducirá forzosamente de facto las penas mercantiles muy altas que se consideren "notoriamente usuraria" (notoriamente usurarias).

2. Tipos de tasas prudentes y justificables para empresas

Para mantener el rigor total e imperativo sobre la corporación que retrasa las cuotas y en aras del respeto judicial mutuo a las arcas financieras del propietario, las tasas de interés deben permanecer dentro de límites no abusivos para evitar la reducción judicial. De conformidad con la Jurisprudencia 1a./J. 46/2014 de la SCJN, los jueces están obligados a analizar las tasas de interés de oficio y reducirlas si se consideran explotadoras.

• Tasa de Interés Moratorio Legal: A falta de un pacto específico en el contrato de arrendamiento, el Art. 362 del Código de Comercio establece la tasa de interés moratorio en un 6% anual para actos mercantiles.

• Tasas Indexadas Institucionales: Muchas corporaciones definen el interés en relación con la TIIE (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio) más puntos diferenciales adicionales. Esto alinea la pena con el sistema bancario del país, ayudando a protegerla como una medida no usuraria que es saludable y exigible en demandas contra el deudor o garantes solidarios.

3. Límites Administrativos Operativos (Prohibición de la "Autotutela")

Si bien los propietarios a menudo buscan disuasivos rápidos contra los pagos lentos, deben evitar la "autotutela" (tomar la justicia por mano propia), la cual está estrictamente prohibida por la Constitución Mexicana.

Prohibición de la Autotutela: "Según el Artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se prohíbe a los individuos ejercer justicia por sí mismos o usar la violencia para reclamar sus derechos. Los propietarios no pueden suspender servicios esenciales, suministros o conexiones directas (como electricidad, agua o internet) estipulados en el contrato sin una orden judicial formal. Dichas acciones pueden constituir el delito de 'despojo' y violar los derechos constitucionales al debido proceso."

Los propietarios deben buscar la regularización de los pagos a través de reclamaciones legales formales o mediación, en lugar de cortar temporalmente la infraestructura o el acceso a los servicios públicos de las instalaciones, ya que estas medidas extrajudiciales son legalmente inaplicables y exponen al propietario a una responsabilidad significativa.

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